3 de junio de 2008. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, informó hoy en Salamanca que presentarán una Proposición no de Ley que se debatirá en el próximo pleno, para conseguir un Archivo General de la Guerra Civil “unido y sin sustracciones”.
Fernández Carriedo explicó que en la misma se recoge “solicitar al Gobierno de la Nación que, en cumplimiento del acuerdo unánime de las Cortes de Castilla y León de 17 de febrero de 2004, proceda a la restitución de los documentos que expolió del Archivo General de la Guerra Civil y que posteriormente entregó a la Generalitat de Cataluña, para reparar la unidad rota”.
En su opinión, el Grupo Socialista “tiene la oportunidad de cumplir con su palabra” y “volver a votar claramente por los intereses de Salamanca y por la defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma”. Según recordó Fernández Carriedo, cuando el conjunto de las fuerzas políticas de Castilla y León expresaron unánimemente su postura de mantener la integridad del Archivo “faltaba un mes para las elecciones de marzo del 2004 y en ese momento gobernaba el Partido Popular”, por lo que criticó que “lo único que cambió para el PSOE fue que ganaron las elecciones”.
Sin embargo, el portavoz popular explicó que “ahora que han pasado las elecciones generales, que sigan en el Gobierno ya no depende de Ezquerra Republicana de Cataluña”, por lo que aseguró que “al final, es una cuestión del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista en su conjunto”, incluso se refirió al candidato a la secretaría regional del PSOE, Óscar López, de quien recordó que dijo “sentirse tremendamente orgulloso de haber votado a favor del expolio de documentos”.
Asimismo destacó la importancia de esta proposición por los últimos acontecimientos, entre ellos destacó la reunión mantenida el pasado 27 de mayo, entre el ministro de Cultura y el consejero de Cultura de la Generalitat y de la que se extrae, según criticó, “la salida de más papeles del Archivo de Salamanca hacia Cataluña, que será inmediata”.
Ante esta situación, informó que instarán al Gobierno de la Nación a que “paralice cualquier traslado de documentos del Archivo General de la Guerra Civil previsto por el Ministerio de Cultura o el Patronato, en tanto en cuanto no recaiga resolución sobre el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional”, ya que según apuntó, “sería ilógico” que la justicia les diera la razón y tuvieran que “retraer a Castilla y León y a Salamanca los documentos”.
En cuanto al tercer punto que recoge esta Proposición no de Ley, se reclama también que “cualquier decisión en materia de identificación de documental se efectúe de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en un régimen de máxima transparencia y en consecuencia, dando audiencia a la Junta de Castilla y León en todos los trámites del proceso, y no con el sigilo y ocultismo que ha seguido hasta la fecha”.
El portavoz popular también incidió en la necesidad de que “se cumpla de inmediato con las leyes que promueve e impulsa el Gobierno” y recogen en la propuesta que “la Ley 21/2005 de 17 de noviembre debería haber entrado en vigor en noviembre de 2006 y tal y como se ha expresado desde el Ministerio de Cultura, con tres sedes físicas: el colegio de San Ambrosio, en el Palacio de Orellana y en la Plaza de los Bandos”.
En su opinión, la parte negativa, que era la salida de papeles se cumplió inmediatamente, sin embargo denunció que “de la parte positiva para Salamanca, nunca más se supo”.
Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular en Salamanca, Julián Lanzarote, aseguró que están muy pendientes de los siguientes pasos que se den “para actuar de forma inmediata en caso de la salida de más documentos”, incluso aseguró que nada más que salga un papel, estarán en los tribunales.
De momento, informó que “no hay ninguna novedad en cuanto a los recursos interpuestos” y aseguró que esperan con paciencia los resultados de los mismos.
En cuanto a las 120.000 cajas de documentos que llegarán a Salamanca y sobre las que informó ayer el ministro de Cultura, César Antonio Molina, Lanzarote se mostró escéptico y aseguró poner este tipo de anuncios “en cuarentena” al igual que otros temas como “Orellana o el Centro de la Memoria y los 70 puestos de trabajo”. Lanzarote añadió que “se promete un día y otro también y no aparece nada”. /ICAL
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