Archivo de la Guerra Civil

2 de junio de 2007. El Ministerio de Cultura ha reconocido ante la Audiencia Nacional que la Comisión Mixta , formada por representantes del Gobierno y la Generalitat de Cataluña, que debía decidir los documentos que iban a ser trasladados del Archivo de la Guerra Civil no analizó el contenido y alcance de los citados legajos, sino que simplemente se dio por enterada de cuáles eran estos documentos a través de una conversación telefónica con el subdirector general de los Archivos Estatales, José Ramón Cruz Mundet.

 

Así figura en un documento del Ministerio de Cultura en respuesta a una petición de la Audiencia Nacional para que presentase las actas de las reuniones que mantuvo la Comisión Mixta para decidir sobre los documentos que iban a ser enviados a Cataluña. El texto de este informe, al que tuvo acceso Ical y firmado por el propio Cruz Mundet, consiste fundamentalmente en una relación de documentos que se encontraban en el Archivo de la Guerra Civil y una argumentación para justificar su salida del centro salmantino.

 

El documento concluye que, una vez efectuada la enumeración de legajos, fue “comunicada verbalmente” a los miembros de la Comisión Mixta , “éstos expresaron su conformidad con la misma y la dieron por bastante y satisfactoria”, de lo que se desprende que no analizaron los documentos que reclamaba la Generalitat y ni siquiera vieron el informe final por escrito.

 

Generalitat, destinatario exclusivo

 

El documento del Ministerio, que forma parte de las pruebas solicitadas por el Ayuntamiento salmantino como parte del proceso, sostiene también que todos los legajos a los que hace referencia “tienen como destinatario exclusivo la Generalitat de Cataluña y ninguno es susceptible de devolución a los particulares”. Pese a ello, en la relación que aporta pueden encontrarse, por ejemplo, “sumarios ordenados alfabéticamente por apellidos”, expedientes judiciales, diligencias previas y otra documentación del Juzgado de Instrucción de Igualada (Barcelona) que hace referencia personas concretas.

También, figuran entre la documentación que debía ser trasladada, como perteneciente a la Generalitat , diversas cartillas de racionamiento, permisos de conducir y carnés de identidad de personas concretas. En este caso, el argumento que esgrime el Ministerio de Cultura para asignarlo al Gobierno autonómico catalán es que “no existe constancia de que les fueran incautados a sus titulares, en cuyo caso formarían parte de los expedientes respectivos”.

Es significativo que se asigne a la Generalitat de Cataluña las fichas de la ‘Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya', 144 documentos expedidos entre 1936 y 1939 ya que, según el informe, dicha asociación es “una entidad dependiente de la Generalitat”.

Asimismo, figuran tarjetas de identidad electoral de Reus y Lérida. En este caso se concluye que, como no están firmados, se trataría de fichas que están en fase de tramitación administrativa y tampoco son susceptibles de devolución.

Mención especial merece la asignación a la Generalitat que hace el informe de la copia mecanografiada del Estatuto de Autonomía catalán de 1932 que se encontraba en el Archivo de la Guerra Civil. El documento reconoce que el original de este documento se encuentra en el Congreso de los Diputados y añade: “Carente de sellos, marcas o cualquier otro signo de identidad institucional, como corresponde a su estado de redacción –se trata de una minuta- el íter documental permite presumir una más que segura pertenencia al Parlamento de Cataluña, a la Generalitat o a la entidad dependiente”. Es decir, en ningún momento, el documento de José Ramón Cruz habla de certeza absoluta, sino de presunción de que perteneciera a alguna de estas instituciones, según el citado informe al que tuvo acceso Ical.

 

Sin informe preceptivo

 

También, se ha aportado como prueba un segundo texto, firmado por el secretario del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil , Miguel Ángel Jaramillo, en el que se da cuenta de que no hay referencia alguna a la existencia de un informe preceptivo del Patronato del Archivo sobre la salida de fondos, sino que únicamente figura “el debate sobre si éste debía haber sido realizado”, en las actas correspondientes a la sesión del 10 de enero de 2006.

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León argumentan en este sentido de que la Ley de creación del Archivo establecía que cualquier movimiento de los fondos del mismo debía contar con un informe preceptivo del Patronato del centro./ICAL

 

 

 

 

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