20 de mayo de 2007. El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, remitió hoy una nueva carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostrando su “perplejidad” ante el anuncio de la próxima puesta en marcha del Centro de la Memoria Histórica cuando acumula ya un retraso de seis meses.
Tal y como señaló, este anuncio “es un flagrante incumplimiento” de la disposición adicional segunda de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre de 2005, sobre creación y puesta en funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histórica, que dice textualmente que “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley se creará y pondrá en funcionamiento, con el carácter de titularidad y gestión estatal, un Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca, en la que se integrarán los fondos del actual Archivo General de la Guerra Civil”.
Julián Lanzarote recordó que ha transcurrido ya un año y medio desde la aprobación de esta ley y seis meses desde que debía estar en funcionamiento este centro, por lo que calificó de “desfachatez” el anuncio de Rodríguez Zapatero sobre su inminente puesta en marcha en un acto electoral del Partido Socialista, y no, como la importancia del proyecto podría merecer, en un acto institucional del Gobierno. “Ello prueba una vez más el carácter partidista de la ley y el daño cultural que esa decisión arbitraria supuso para el patrimonio común de todos los españoles”, según destacó en su carta Julián Lanzarote, que transmitió al presidente que “el pretendido centro no podrá sustituir nunca al Archivo General de la Guerra Civil”.
Julián Lanzarote finalizó su carta diciendo al presidente del Gobierno que no ha recibido respuesta alguna satisfactoria a sus anteriores cartas. “Comprendo que no tiene argumentos que esgrimir a favor de tan lamentable decisión de rompimiento del Archivo General y da la callada por respuesta”, añadió el máximo representante municipal, quien aseguró que el “Centro de la Memoria Histórica es un parche que intenta ocultar las graves decisiones que han tomado en detrimento del patrimonio de todos los españoles y que tienen un significativo ejemplo en la lamentable decisión de la desmembración del Archivo General de la Guerra Civil, una institución de carácter estatal que ha sido objeto de un injustificable y sectario expolio, ya irreparable”, concluyó.
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