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23 de marzo de 2007. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la práctica de la prueba pericial propuesta por el Ayuntamiento de Salamanca con relación al traslado de 500 cajas de fondos depositados en el Archivo General de la Guerra Civil Española con destino a Cataluña, el 19 de enero de 2006, informaron hoy fuentes municipales.
El pasado 23 de febrero, el Ayuntamiento presentó ante dicha sala de la Audiencia la proposición de prueba documental, testifical y pericial en relación con el recurso contencioso-administrativo planteado por el Ayuntamiento contra la orden del Ministerio de Cultura que acordó el ya citado traslado a Cataluña de documentos del Archivo.
En cuanto a la prueba pericial, la Audiencia ha declarado pertinente la elaboración de un informe histórico archivístico exhaustivo sobre los fondos restituidos a Cataluña. En concreto, ha aceptado que la Real Academia de la Historia se pronuncie sobre si el Comité Central de las Milicias Antifascistas fue un órgano dependiente de la Generalidad de Cataluña durante la Guerra Civil, al objeto de determinar si los fondos documentales relacionados con dicho Comité debieron devolverse o no a la Generalidad.
Asimismo, ha pedido al Ayuntamiento que especifique la especialidad que considere debe tener el perito a designar para la elaboración de un informe que, desde el punto de vista archivístico e histórico, determine si los documentos devueltos a la Generalidad cumplen con los requisitos que marcaba la Ley que amparó su traslado.
La Sala también admitió a trámite la práctica totalidad de la prueba documental propuesta por el Ayuntamiento, entre la que se encuentra la petición a la Junta de Castilla y León de informes relevantes para el proceso -como los informes del actual director del Archivo y del que lo fuera en su momento, don Antonio González Quintana, sobre la documentación incautada a la Generalidad de Cataluña conservada en el Archivo-, así como la solicitud de diversas certificaciones de actas de las sesiones celebradas por la comisión mixta Gobierno-Generalidad para la identificación de los documentos restituidos, y del grupo de trabajo creado por dicha comisión a los mismos efectos.
Asimismo, la Audiencia ha acordado la comparecencia de Carlos Travesí de Diego, director del Archivo General de Castilla y León, a efectos de crítica del dictamen pericial presentado por la abogacía del Estado en su contestación a la demanda formulada por el Ayuntamiento.
Por otra parte, la Sala acepta el interrogatorio de la Administración General del Estado propuesto por el Ayuntamiento, requiriendo a éste para que en cinco días aporte el pliego de preguntas a formular a dicha Administración.
La Sala únicamente ha denegado la prueba documental consistente en la emisión de copia auténtica de los fondos documentales controvertidos, sin perjuicio de lo que pudiera acordar a la vista del resultado del resto de las pruebas documentales admitidas, y la testifical de don Antonio González Quintana y del don Miguel Ángel Jaramillo, al haber admitido que se aporten a la causa los informes elaborados en su día por ambas personas./ICAL
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