Archivo de la Guerra Civil

31 de enero de 2006. Las 500 cajas que salieron del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, el pasado 19 de enero, llegaron hoy al Archivo Nacional de Cataluña custodiados por una comitiva nocturna que, pasadas las 8 horas de la mañana, aparcaba en la sede del centro, en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Varios turismos y un par de furgonetas trasladaron los legajos, justo cinco días después de que la Audiencia Nacional acordara levantar la medida cautelarísima que impedía su salida de Madrid, donde permanecieron once días en una cámara acorzada del Ministerio de Cultura.

Esta decisión se debió a que la sala, tras examinar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Salamanca, estimó que no había “razonas de legalidad que justifiquen” la medida cautelar adoptada.

Las reacciones a la noticia no se hicieron esperar tanto en Cataluña como en Castilla y León. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, señaló que la alegría con la que hoy se han recibido en Cataluña de los documentos es la misma que la de los socialistas de Castilla y León, "que con una vuelta atrás y una contradicción flagrante respecto a lo que mantenían hace dos años y su apoyo en el Congreso de los Diputados han propiciado el disparate de desmantelar la unidad documental de un archivo patrimonio común de todos los españoles simplemente por motivos políticos".

Por su parte, la consejera de Cultura, Silvia Clemente, sostuvo que la llegada de los legajos supone la “terminación del proceso de atropello y ruptura” del centro documental.

Clemente arremetió contra “el ambiente” que han querido otorgar tanto la Generalitat como el Gobierno al proceso, “fuera de lo que significa el patrimonio histórico”. Así, denunció el intento de otorgar un valor “testimonial” a lo que significa un ataque directo a un centro representativo de la memoria de todos los españoles, según indicó en declaraciones a Ical.

En todo caso, la consejera, quien insistió que el traslado se produjo en “horas, momentos y formas impropios de un Estado de Derecho”, confío en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de adoptar una medida cautelar.

En este sentido se manifestó el primer edil del Ayuntamiento de Salamanca y secretario provincial del PP, Salvador Cruz, quien afirmó que al Consistorio le quedan “esperanzas de que parte de la documentación pueda regresar a la capital charra en el futuro”. También, destacó que se volviera a “aprovechar la noche” para enviar los fondos con “nocturnidad y alevosía”, algo que, desde su punto de vista, se ha convertido en la “tónica esencial en la dinámica del traslado de los papeles”.

PP y PSOE, opuestos

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, indicó que el Gobierno “tiene mala conciencia” por haber trasladado los documentos por la noche y sin anuncio previo. Para él es “vergonzante” esta actuación y una consecuencia directa de su “sumisión” a las fuerzas políticas nacionalistas catalanas para mantenerse en el poder.

La opinión contraria vino de la secretaria de Cultura del PSOE, Carme Chacón, quien se congratuló de la llegada de los documentos y felicitó al Ministerio del ramo por su “eficacia y transparencia” en el traslado. En todo momento, defendió que el Gobierno no ha actuado de “tapadillo”, ya que anunció con antelación la salida de documentos de Salamanca, un día en el que “curiosamente” había frente al Archivo de la Guerra Civil “muchos medios de comunicación informando y muy pocos ciudadanos protestando”.

Mientras, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, abogó, una vez cumplidos los trámites aprobados en el Parlamento, por ocuparse de otras situaciones como la seguridad ciudadana y la llegada del Tren de Alta Velocidad a Valladolid en 2007 y, después, a Palencia y a León, y por que las obras de la Autovía de la Meseta concluyan en 2008.

Reacciones en Cataluña

Si las manifestaciones en Castilla y León se situaron en el lado negativo, en Cataluña lo hacían en el positivo y con un fondo de fiesta, aunque en algunos casos las declaraciones fueron moderadas. Así, la consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, en ningún caso quiso hablar de “vencedores y vencidos”. A su parecer, hoy fue “un día muy importante por la democracia. Lo que importa es que los legajos están aquí, han llegado en perfecto estado y su custodia está plenamente garantizada”, sostuvo.

La consejera aseguró que con el traslado se ha hecho justicia democrática, al cumplirse una ley aprobada en el Congreso de los Diputados por todas las fuerzas políticas menos el Partido Popular, y agradeció a todos los “ciudadanos que durante muchos años han trabajado con su esfuerzo para que se llegara este día”. “Hoy se ha cumplido un punto muy importante del Pacto del Tinell”.

Exposición de los documentos

La exposición sobre los legajos de Salamanca se inaugurará con la mayor brevedad posible en el Palacio Monja de Barcelona, según Mieras, quien reconoció que la muestra está lista desde hace días pero es necesario más tiempo para ajustar agendas para celebrar un acto institucional previo. La exposición será “sencilla, pensada por dar a conocer la documentación, así como por mostrar lo expoliado en la Guerra Civil Española”.

De forma paralela, el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, celebró la noticia ya que, desde su punto de vista, se trata de un "primer paso para recuperar la dignidad nacional”. "Debemos felicitarnos por que finalmente estos documentos regresen a su lugar, de dónde no debían haber salido nunca" afirmó.

En este sentido, se pronunciaron fuentes de la Comisión de la Dignidad que en un comunicado de prensa agradecieron a los partidos políticos, a los ciudadanos y a los gobiernos central y autonómico su apoyo. Más allá de definir la jornada como un “gran día para todos los ciudadanos de Cataluña, para los del resto del Estado y de Europa que creen en la democracia”, los integrantes del colectivo entendieron que se trata de “un acto de justicia al Gobierno de Cataluña, a quien ahora se le reconoce su legitimidad como institución nacional, restituida desde el restablecimiento de la Generalitat el septiembre de 1977”. “Se reconoce, por lo tanto, que nuestro derecho al autogobierno es un derecho de la nación catalana por encima de los diversos regímenes políticos que se han sucedido desde 1931”.

Alegría entre el tripartito

El mismo sentimiento se vivió entre los miembros del tripartito y los de CiU, aunque estos últimos se alarmaron y pidieron explicaciones al presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, por entender que detrás “se enmascara” un intercambio con las obras de arte de la Diócesis de Lérida que reclama Huesca, y que pasaron a formar parte de la autoridad eclesiástica cuando algunos municipios se integraron en la Diócesis aragonesa.

Por parte del tripartito, la presidenta del Grupo Parlamentario del PSC, Manuela de Madre, felicitó a la Comisión de la Dignidad, a los partidos políticos y a los dos gobiernos, central y autonómico, por haber conseguido “una reivindicación de hace muchos años”. “Con el regreso de los 'papeles' se cierra una herida, puesto que éstos fueron robados a punta de pistola”, dijo.

Mientras, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, definió la jornada de hoy como “particularmente feliz”, puesto que “se ha culminado un acto de reparación histórica muy importante”. “Implica la recuperación de una parte importante de nuestra memoria colectiva, que nos fue usurpada a punta de bayoneta”.

El portavoz de ICV-EUiA, Joan Boada, también valoró el trabajo de la Comisión de la Divinidad, “ha hecho un trabajo excelente”, y del Gobierno de España y Cataluña. En este sentido, Boada remarcó que se ha conseguido “lo que CiU no hizo en 23 años” y que “todavía quedan pendientes otras muchos documentos”, como por ejemplo los de partidos políticos, organizaciones sociales y particulares.

En Cataluña, desde el PP se pidió al Gobierno central que la devolución no se convierta en la celebración de “una victoria sobre nadie”. Así lo mantuvo el portavoz adjunto del PPC en el Parlamento autonómico, Daniel Sirera, quien consideró que el proceso de regreso de los legajos fue “muy irregular” y responsabilizó al Ejecutivo central de “no haber querido dialogar” ni con el Ayuntamiento de Salamanca, ni con la Junta de Castilla y León.

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