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21 de enero de 2005. El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, emitió hoy un bando a los salmantinos en el que sostuvo que las "inexplicables urgencias del Gobierno por devolver los documentos a Cataluña han supuesto", según afirmó, "un nuevo bochorno", tras acordar la Audiencia la inmovilización en el Ministerio de Cultura de los legajos del Archivo.
Además, criticó las formas en las que se ha realizado el "desmantelamiento" mediante "expoliación" de un centro cultural propiedad de todos los españoles, que se consumó con los agravantes de la "nocturnidad y alevosía". Lanzarote quiso recordar también que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la Ley que permite "este expolio".
El regidor añadió que el único objetivo con el que se ha perpetrado esta "vergonzosa fechoría" es el de satisfacer un compromiso político "con quienes no creen en España". De forma categórica, añadió que el Archivo no existe y que está condenado "irremisiblemente a su desaparición". Así, asegurando que ha triunfado "el chantaje político frente a la razón científica y técnica".
Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Fernando Rodríguez, explicó que la Audiencia Nacional ha tenido en cuenta dos requisitos para paralizar con carácter de urgencia y cautelarmente el traslado de los fondos. El primero de ellos, debido al peligro que supondría la tardanza de la resolución, ya que ésta podría perder su virtualidad. El segundo, "y más importante", obedece a que la pretensión del solicitante, es decir, el Ayuntamiento, cuenta "con medidas racionales y fundamentos legales" que avalan el planteamiento de este recurso.
Tras la decisión de ayer de la Audiencia Nacional, los documentos trasladados el pasado jueves se encuentran actualmente inmovilizados en Madrid, en la sede del Ministerio de Cultura, a la espera de que el próximo martes a las 11 horas tenga lugar la cita en la que ambas partes testifiquen y expongan sus planteamientos.
Todo este proceso demuestra "que el Estado de Derecho funciona", con los mecanismos que le son propios y que "el Ayuntamiento tenía razones para recurrir, ya que se aprecian indicios racionales", según Rodríguez, quien además quiso recordar a los socialistas salmantinos que ante este giro que ha experimentado el traslado, "se les tendría que poner la cara roja, ya que aseguraron que el Ayuntamiento estaba malgastando su tiempo, interponiendo recursos y descuidando los problemas reales de la ciudadanía"./ICAL
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