Archivo de la Guerra Civil

 Ayuntamiento de Salamanca 

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11 de enero de 2006. El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, remitió hoy una nueva carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que considera “directamente responsable” de reabrir el conflicto del Archivo, centro documental de primer orden cuya dignidad, a juicio del primer edil, no será en ningún caso restituida por “un gran centro de fotocopias”, en referencia al anunciado Centro de la Memoria.
         En su nueva misiva, remitida siete meses después de la manifestación que el 11 de junio reunió a más de 80.000 personas por las calles de Salamanca, Julián Lanzarote agradece la carta que le remitió el pasado 5 de enero Rodríguez Zapatero y le anima a que visite “con prontitud” el Archivo porque “ya es un cadáver fruto del resentimiento y en apenas unos días será tan sólo un triste recuerdo”, tras la reunión del Patronato de este centro documental mantenida ayer en el Ministerio de Cultura.
         “Me duele –prosigue el alcalde- tu reiterada negativa a recibirme porque hubiera sido necesario cambiar impresiones sobre el Archivo. Por el contenido de tu carta confirmo, lamentablemente, que es un asunto del que o bien te han informado mal o en el que no has querido escuchar a voces autorizadas y expertas que han alertado pública y reiteradamente sobre el grave atentado cultural que el Gobierno que presides se dispone a perpetrar”, denuncia Julián Lanzarote en lo que califica como “un hecho insólito en las democracias europeas.
         El alcalde le aclara por escrito, además, que la documentación, en contra de lo que le transmite Zapatero en su misiva, no se devolverá a sus legítimos dueños porque, como es sabido, el único dueño de los fondos es el Estado pues forman parte del Patrimonio Histórico Español.
         “También te ratifico que su devolución supondrá, lógicamente, la desmembración del Archivo General de la Guerra Civil, que, por cierto, menciono con mayúsculas pues hasta ahora había sido un centro singular y único merecedor de tal distinción tipográfica. Sin embargo, te reconozco al menos el acierto de escribirlo en tu carta como minúscula, “archivo”, sin más, pues muy pronto perderá todo su valor e importancia y dejará de ser un centro de referencia para estudiar y entender un conflicto del que los españoles deberíamos aprender para no abrir antiguas heridas y resucitar odios estériles”.
         Le recuerda, además, que la Real Academia de la Historia ha advertido públicamente que el expolio abrirá una vía de impredecibles consecuencias, y que tanto la Asociación Nacional de Archiveros como los archiveros de Castilla y León han alertado que supondrá la total desmembración del fondo documental.
         Lanzarote también transmite a Rodríguez Zapatero que el propio director del Archivo General de la Guerra Civil, Miguel Ángel Jaramillo, alertó, antes de ser “públicamente silenciado”, que “era el principio del fin” y que la decisión era “política, sólo política”.
         “Por estas declaraciones –prosigue- has mostrado, lamentablemente, la misma indiferencia que por las más de 80.000 personas que nos manifestamos pacíficamente o por los 85.000 ciudadanos y más de 200 colectivos que firmamos el manifiesto por la unidad del Archivo”.
         Argumenta, además, que la Ley que legitimará el expolio es “arbitraria e injusta”, pues responde solamente al interés concreto y particular de satisfacer el cumplimiento de un pacto político del Gobierno socialista. No se basa en ningún informe técnico y carece de base científica, ya que no se ha consultado a la Junta Superior de Archivos, pese a que así lo acordó el Congreso en mayo de 2004. Ha desoído también el informe de la Real Academia de la Historia, y además, contradice abiertamente la doctrina del informe preparado para la UNESCO por el Consejo Internacional de Archivos sobre los “Archivos de los Servicios de Seguridad de los desaparecidos regímenes represivos”.
“Por si todo lo expuesto te pareciera insuficiente, tampoco se ha escuchado al propio informe de la Comisión de Expertos nombrada por el Patronato, que en ningún caso planteaba la devolución de documentos a personas físicas o jurídicas de carácter privado”, advierte.
A diferencia de lo expuesto por Zapatero en su carta, el alcalde le reitera que la Ley supondrá la desaparición del Archivo. “¿Cómo si no calificarías que implicará de manera inmediata la salida de unas 2.500 cajas de documentos y, a medio plazo, de otras 8.000?” Sin olvidar, además, que abre la vía para la reivindicación de otras comunidades autónomas y de administraciones públicas.
Por último, Julián Lanzarote le recuerda que este conflicto se cerró el 22 de julio de 2002, con el acuerdo unánime del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, que zanjó la cuestión estimando no procedente la salida de documentos y abogando por la necesidad de preservar la unidad del Archivo.
         “Por lo tanto –continúa- el conflicto estaba cerrado y si ahora tu Gobierno lo ha reabierto ha sido por su pública sensibilidad hacia una sola de las partes, el tripartito catalán, con el que rubricó el 14 de diciembre de 2003 el retorno de la documentación depositada en el Archivo de Salamanca, acuerdo que ha creado este contencioso del que eres directamente responsable”.
         “No estamos ante una solución justa, claro que no, sino ante un dislate sin precedentes; ni tampoco se potenciará un Archivo que en apenas unos días ya no existirá y cuya dignidad no será en ningún caso restituida por un gran centro de fotocopias, que es en lo que tu Gobierno está dispuesto a convertirlo, con el inexplicable apoyo de un castellanoleonés como tú”, finaliza.
         Junto a su nueva carta, el alcalde le ha remitido a José Luis Rodríguez Zapatero el informe de la Real Academia de la Historia, un ejemplar del libro “Razones de Archivo”, que recopila las intervenciones en el acto cultural en defensa de la unidad del Archivo General de la Guerra Civil Española que reunió a César  Vidal (director de La Linterna –Cadena COPE-), Julio Valdeón (miembro de la Real Academia de la Historia), Gonzalo Santonja (Director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua), Pío Moa (Historiador y periodista), Carlos Travesí de Diego (Director general del Archivo de Castilla y León), Olegario González de Cardedal (Catedrático de Teología) y Fernando García de Cortázar (Catedrático de Historia).

 

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